¿Qué son los delitos contra el honor?
El honor es un derecho fundamental reconocido en el ordenamiento jurídico español. De acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución Española, «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen». Sin embargo, existen conductas que pueden vulnerar este derecho, lo que ha llevado a la regulación de los delitos contra el honor en el Código Penal.
Regulación de los delitos contra el honor
Los delitos contra el honor incluyen la injuria y la calumnia, regulados en el Título XI del Libro II del Código Penal, concretamente desde el artículo 205 al 216.
Estos delitos son perseguibles a instancia de parte mediante querella del ofendido, salvo cuando la injuria o la calumnia se dirija contra un funcionario público o autoridad sobre hechos relativos al ejercicio de sus cargos. En este caso, se procederá de oficio conforme a lo establecido en el artículo 215.1 del Código Penal.
Además, el acusado podrá beneficiarse de una atenuación de la pena si se retracta de sus imputaciones y reconoce su falsedad ante el juez, conforme al artículo 214 del Código Penal. Asimismo, el perdón del ofendido extingue la acción penal, salvo en casos donde el juez considere que el perdón no debe surtir efecto, según el artículo 215.3 del Código Penal.
Cuando la injuria o la calumnia se cometen mediante precio, recompensa o promesa, la ley prevé una agravación de la pena, incluyendo la imposición de la inhabilitación especial prevista en los artículos 42 y 45 del Código Penal, según lo dispuesto en el artículo 213 del Código Penal.
El delito de calumnias
El delito de calumnia consiste en imputar falsamente a una persona la comisión de un delito sabiendo que dicha imputación es falsa. Así lo establece el artículo 205 del Código Penal: «Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».
Si la calumnia se propaga con publicidad, la pena será de seis meses a dos años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses. En caso contrario, la pena será de multa de seis a doce meses, según el artículo 206 del Código Penal.
Por otro lado, si el acusado demuestra la veracidad del hecho delictivo que ha imputado, quedará exento de responsabilidad penal.
El delito de injurias
La injuria consiste en la imputación de hechos o la emisión de opiniones que lesionen la dignidad de una persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Sin embargo, solo se considerarán delito aquellas injurias que sean graves, según el artículo 208 del Código Penal.
Las injurias graves propagadas con publicidad se castigan con multa de seis a catorce meses, y si no hay publicidad, con multa de tres a siete meses, conforme al artículo 209 del Código Penal.
Cabe destacar que, si las injurias se dirigen contra funcionarios públicos sobre hechos relativos al ejercicio de su cargo y el acusado prueba la veracidad de las imputaciones, quedará exento de responsabilidad penal.
Las injurias leves y vejaciones injustas pasaron a ser consideradas delitos leves con la reforma del Código Penal de 2015, pero solo en los casos comprendidos en el artículo 173.2 del Código Penal.
La libertad de expresión y el derecho al honor
El conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor es una cuestión recurrente en el ámbito jurídico. La libertad de expresión está garantizada en el artículo 20.1.a de la Constitución Española, que establece el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».
Ambos derechos gozan del mismo nivel de protección, por lo que los tribunales deben ponderar, en cada caso concreto, cuál de los derechos prevalece. Tradicionalmente, el Tribunal Constitucional ha otorgado mayor relevancia a la libertad de expresión y a la libertad de información sobre el derecho al honor, salvo cuando las expresiones empleadas resultan innecesariamente vejatorias o carecen de interés público.
Conclusión
Los delitos contra el honor constituyen una protección legal ante ataques injustificados contra la dignidad de una persona. No obstante, su regulación debe interpretarse en el contexto de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de información, a fin de garantizar un equilibrio adecuado entre el ejercicio de estos derechos y la protección del honor individual.
