La reciente reforma de la Ley de Nacionalidad en Portugal, aprobada en octubre de 2025, representa un punto de inflexión en la política migratoria europea. Portugal, hasta hace poco considerado un país abierto y receptivo a la inmigración, ha decidido endurecer sus condiciones de acceso a la ciudadanía, en una clara respuesta a los desafíos que plantean los crecientes flujos migratorios internacionales.
Este cambio normativo no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como parte de una tendencia global en la que los Estados buscan reafirmar su soberanía y proteger su identidad nacional. En un contexto de crisis migratorias simultáneas en Europa y América, las políticas de control, regulación y restricción del acceso a la nacionalidad se han convertido en instrumentos necesarios para preservar la estabilidad social, económica y cultural de las naciones.
Un fenómeno global: la necesidad de recuperar el control migratorio
El caso portugués se enmarca en un escenario internacional donde el crecimiento de la migración irregular, la presión sobre los servicios públicos y la percepción de pérdida de identidad cultural han llevado a múltiples gobiernos a revisar sus políticas migratorias.
En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó recientemente un plan que propone vincular la concesión de la nacionalidad y de las ayudas sociales con el cumplimiento de deberes cívicos y de integración efectiva, bajo el argumento de que el Estado debe garantizar primero el bienestar de quienes contribuyen activamente a la nación.
En Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump, actualmente en ejercicio, ha retomado políticas que refuerzan el control fronterizo, limitan la residencia permanente (Green Card) y endurecen el proceso de naturalización, en el marco de su doctrina “America First”.
En Europa, Francia, Italia, Hungría y ahora Portugal avanzan hacia una política migratoria que busca equilibrar la solidaridad con la defensa del interés nacional. Este nuevo paradigma jurídico no persigue la exclusión, sino la preservación del orden social y la sostenibilidad del Estado frente a un fenómeno migratorio que supera, en número y en impacto, las previsiones de las últimas décadas.
Los pilares de la nueva ley portuguesa
El texto aprobado por el Parlamento portugués incluye medidas clave:
- Extensión de los plazos de residencia legal:
Los extranjeros deberán residir legalmente en Portugal durante diez años antes de poder solicitar la nacionalidad (siete para los ciudadanos de la UE o de países de lengua portuguesa). - Prueba cultural y lingüística obligatoria:
Se exigirá a los solicitantes aprobar un examen sobre el idioma, la historia, la cultura y los símbolos nacionales, garantizando así que quienes adquieran la nacionalidad compartan un conocimiento mínimo y respeto hacia la identidad portuguesa. - Acreditación de medios de vida propios:
Los aspirantes deberán demostrar que poseen recursos económicos suficientes y que no dependen de ayudas públicas. El objetivo es asegurar que la nacionalidad no se convierta en un instrumento de acceso a subsidios, sino en un reconocimiento de integración y autosuficiencia. - Nacionalidad por nacimiento restringida:
Los hijos de migrantes nacidos en Portugal ya no obtendrán automáticamente la ciudadanía. Será necesaria una solicitud formal, y al menos uno de los padres deberá haber residido legalmente por cinco años. - Eliminación del régimen especial para sefardíes:
Se deroga el acceso privilegiado a la nacionalidad para descendientes de judíos sefardíes, debido a los abusos detectados y la falta de control sobre los expedientes.
Políticas de identidad y protección nacional
El espíritu de la reforma no debe interpretarse como una reacción xenófoba, sino como un acto de defensa institucional frente a la crisis migratoria contemporánea.
Los sistemas de salud, educación y seguridad social de numerosos países europeos han alcanzado un punto de saturación, producto del incremento sostenido de población migrante que busca refugio, trabajo o mejores condiciones de vida. En muchos casos, las políticas de subsidios y ayuda pública, concebidas originalmente para la protección social interna, han sido desbordadas por la magnitud del fenómeno.
En este contexto, los partidos de derecha y centro-derecha han asumido la responsabilidad de proponer mecanismos de protección nacional, bajo el principio de que los recursos del Estado deben priorizar el bienestar, la seguridad y la estabilidad de su población originaria.
Estas políticas, aunque puedan ser calificadas de restrictivas o discriminatorias por algunos sectores, responden a una lógica jurídica y política legítima: la defensa del interés nacional como expresión del derecho soberano de los Estados a regular la pertenencia a su comunidad política.
El nuevo paradigma del nacionalismo jurídico
La reforma portuguesa consolida una visión nacionalista del derecho de nacionalidad, entendiendo que el acceso a la ciudadanía no es un derecho automático, sino un acto soberano del Estado que debe supeditarse a las necesidades y objetivos de la nación.
Bajo este enfoque, las pruebas culturales, los requisitos económicos y los plazos más extensos no son obstáculos arbitrarios, sino instrumentos de selección razonables que buscan garantizar que la nacionalidad se conceda a quienes realmente comparten, respetan y contribuyen al proyecto nacional.
En un contexto de crisis global y desplazamientos masivos, el nacionalismo jurídico se erige como una respuesta racional a la pérdida de control sobre los procesos migratorios, reivindicando la potestad del Estado de decidir quién puede formar parte de su cuerpo político.
Perspectivas y posibilidades de implementación
La norma se encuentra en fase de promulgación por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quien podría vetarla o remitirla al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el apoyo parlamentario obtenido refleja un consenso creciente en torno a la necesidad de proteger la estructura nacional frente a presiones migratorias sin precedentes.
Su implementación transformará a Portugal en uno de los países con los requisitos más exigentes de Europa, pero también en un referente de política migratoria responsable, donde la nacionalidad se entiende como una meta de integración real y no como un derecho adquirido por mera residencia.
Conclusión
El endurecimiento de la ley de nacionalidad portuguesa no es una excepción, sino un síntoma de un nuevo orden jurídico mundial. Los Estados, enfrentados a oleadas migratorias que superan su capacidad de absorción, han optado por reforzar sus fronteras jurídicas y proteger sus identidades nacionales.
En este escenario, las medidas adoptadas por Portugal —al igual que las propuestas en España o las impulsadas por la administración Trump en Estados Unidos— reflejan una tendencia irreversible: la recuperación del control soberano sobre la nacionalidad como elemento esencial de la supervivencia cultural, económica y social de los pueblos.
Las políticas públicas de corte nacionalista no deben entenderse como una negación de los derechos humanos, sino como un intento de preservar el equilibrio entre la solidaridad internacional y la supervivencia de los Estados-nación en un mundo marcado por la movilidad masiva y los desafíos globales.
Abogado Carlos Enrique Gutiérrez Freites
