Hace unos meses, publiqué un análisis crítico sobre los cambios que venían gestándose en torno al ius sanguinis y el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia. Advertía entonces, con preocupación, que el camino legislativo estaba siendo desvirtuado mediante decretos que pretendían restringir derechos, imponiendo barreras arbitrarias, injustificadas e inconstitucionales a millones de personas que buscan ejercer un derecho legítimo: el reconocimiento de su ciudadanía por lazos de sangre.
En ese momento, afirmé que el Poder Judicial sería la última barrera de contención frente a un proceso legislativo viciado, alejado del espíritu republicano y de los principios consagrados en la Constitución italiana. Hoy, con satisfacción y convicción, puedo decir que ese presagio se ha cumplido.
La reciente Sentencia N° 88/2025 de la Corte Constitucional italiana representa un hito histórico y jurídico: se ha declarado infundada la supuesta constitucionalidad del Decreto‑ley 36/2025 (convertido luego en la Ley 74/2025), desmontando su esencia excluyente y restituyendo la validez plena del ius sanguinis sin límite generacional. La Corte ha reafirmado con contundencia que la ciudadanía italiana es un derecho que no puede ser mutilado por conveniencias políticas ni alterado por vía administrativa.
Esta decisión representa más que una victoria jurídica. Es una reivindicación de la justicia, una afirmación de que la sangre italiana que corre por las venas de millones de descendientes en el mundo sigue teniendo valor jurídico, histórico y constitucional. La ciudadanía no se inventa ni se otorga como favor: se reconoce. Se hereda.
El acceso a la ciudadanía: la vía judicial como camino legítimo
En este nuevo escenario, queda en evidencia que la vía administrativa ha dejado de ser un canal automático para el reconocimiento de la ciudadanía italiana. La enorme burocracia, las listas de espera interminables y los obstáculos arbitrarios impuestos por muchas comunas y consulados han convertido ese camino en una trampa de frustración para miles de familias.
Frente a esta realidad, la vía judicial emerge como una herramienta legítima, efectiva y constitucional. Pero no puede ni debe emprenderse a la ligera. Esta batalla por derechos requiere conocimiento jurídico, estrategia procesal y acompañamiento profesional.
Por ello, insisto en lo que vengo repitiendo en mis espacios jurídicos: acudir a un profesional del derecho especializado en ciudadanía italiana no es un lujo, es una necesidad. El proceso judicial debe estar cuidadosamente fundamentado, acompañado de la documentación correcta y articulado con criterios sólidos ante los tribunales italianos. Cada caso debe ser tratado con precisión, como lo que es: la defensa de un derecho personalísimo.
Hoy más que nunca, el rol del abogado se convierte en el puente entre el derecho histórico y la justicia contemporánea.
A quienes aún luchan por su ciudadanía: no desistan
Sé que muchos han sentido desilusión, rabia o desesperanza ante los cambios políticos que parecían cerrar las puertas de un sueño largamente anhelado. Sé que para muchos este proceso ha sido costoso, no solo en lo económico, sino en lo emocional y familiar.
Pero también sé esto: la justicia existe, y está obrando a favor de quienes han sido silenciados por la burocracia.
La decisión del Tribunal Constitucional nos recuerda que ninguna ley puede borrar la historia, y que ningún decreto puede silenciar el linaje. La sangre italiana no prescribe. Si eres descendiente, ese derecho vive en ti.
A quienes aún luchan por su reconocimiento, les digo con total convicción: no desistan. La ciudadanía italiana no es una dádiva, es una herencia que te pertenece. Y como todo derecho legítimo, merece ser defendido.
Hoy más que nunca, hay esperanza. La justicia ha hablado. Y ha hablado claro.
